AGENCIA SIM
Cancún, Quintana Roo. – Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) inició un proceso de capacitación a nivel local para fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.
El taller está dirigido a representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como a funcionarios estatales y municipales, con el propósito de que conozcan los estándares internacionales sobre participación pública en decisiones relacionadas con proyectos ambientales, manifestaciones de impacto ambiental y planes de desarrollo urbano.
María Andrea Sanhueza Echeverría, consultora de la CEPAL y del Secretariado del Acuerdo de Escazú, destacó que esta es la primera ocasión en que el organismo desarrolla este tipo de actividades a nivel subnacional en alguno de los países que forman parte del acuerdo.
«México ya es Estado Parte del Acuerdo de Escazú y esta es la primera vez que estamos haciendo actividades a nivel subnacional, en este caso en Quintana Roo», señaló.
La especialista explicó que el objetivo principal es que tanto autoridades como ciudadanía conozcan el contenido del Acuerdo de Escazú y, en particular, el artículo 7, que establece los mecanismos para garantizar la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
Precisó que esto implica que las personas tengan acceso oportuno a la información de los proyectos, puedan presentar observaciones durante los procesos de evaluación ambiental y que esas opiniones sean consideradas por las autoridades antes de emitir una resolución.
Sanhueza reconoció que uno de los principales retos en los países que integran el acuerdo es que, aunque ya existe un compromiso internacional, todavía falta que funcionarios y sociedad civil conozcan plenamente sus alcances.
«Lo que hemos visto en todos los países, y México no es la excepción, es que falta conocer Escazú e implementar lo que dice el acuerdo; es un proceso de largo plazo», comentó.
Al ser cuestionada sobre las resoluciones judiciales que en los últimos años han dejado sin efectos algunos programas de desarrollo urbano por deficiencias en los procesos de consulta pública, señaló que este tipo de situaciones no son exclusivas de Quintana Roo.
Indicó que en América Latina aún existe un amplio margen para mejorar la manera en que la ciudadanía participa en la elaboración de planes de desarrollo urbano y otros instrumentos relacionados con el ordenamiento territorial.
La consultora también se refirió a las críticas sobre consultas públicas donde predominan intereses empresariales o inmobiliarios, y explicó que el Acuerdo de Escazú reconoce que todos los sectores tienen derecho a participar, pero establece que las autoridades deben generar condiciones para equilibrar esa participación y facilitar la intervención de grupos en situación de vulnerabilidad.
Entre las acciones que contempla el tratado se encuentran realizar reuniones en espacios accesibles, presentar información clara y comprensible, así como brindar apoyos para que cualquier persona pueda expresar sus opiniones en igualdad de condiciones.
Sanhueza explicó que Quintana Roo fue elegido para desarrollar esta capacitación porque el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitó formalmente el acompañamiento técnico de la CEPAL para implementar el Acuerdo de Escazú.
«Eso habla de una voluntad política comprometida con este acuerdo. Si otros estados nos solicitan apoyo, por supuesto estaremos ahí para colaborar», afirmó.
Como parte de las actividades, cerca de 20 representantes de organizaciones civiles participaron en la primera jornada del taller, mientras que para la segunda sesión se prevé la asistencia de aproximadamente 80 funcionarios de dependencias estatales y gobiernos municipales, quienes recibirán capacitación sobre los estándares internacionales en materia de participación ciudadana en asuntos ambientales.
